La foto es de Ángel García y está tomada de https://www.revista5w.com/temas/movimientos-sociales/tras-las-mantas-7747
Estado de excepción
Manuel Delgado
El informe anual que SOS Racisme hizo
público ayer invita a hacer un balance de la aplicación de la Ley de
Extranjería ya no negativo, sino de alarma ante lo que está suponiendo un grave
compromiso para la homologación de España como Estado democrático y de derecho.
De entrada, no se ve que ninguno de los aspectos del llamado «problema de la
inmigración» con los que presuntamente se iba a acabar haya hecho otra cosa que
agudizarse. Es más, se puede intuir que la voluntad de la ley nunca fue detener
el supuesto aluvión de inmigrantes ilegales, sino asegurar que los que no iban
a dejar de llegar permaneciesen a merced de las inclemencias de un mercado
laboral atroz. La ley 8/2000 se ha comportado finalmente como una colosal máquina
legal de producir ilegales.
De entrada, el documento sobre la
inmigración en Catalunya que acaba de ser aprobado por unanimidad en el
Parlament es, en casi todos sus contenidos, incompatible con el trato legal que
reciben los extranjeros en España. El Informe
2001 de Amnistía Internacional acaba de denunciar el aumento de casos de
vejaciones, agresiones y torturas contra extranjeros en situación irregular en
el país, como resultado de la acción o la pasividad de los cuerpos de seguridad
del Estado, incluyendo a los mossos
d´esquadra. Para miles de nuestros vecinos España es un regimen policial en
que rige el toque de queda y el estado de excepción, un país en que se puede
ser detenido sin asistencia jurídica, confinado en centros de detención
infames, sometido a un trato degradante y deportado sin garantías.
Y lo peor es que nuestra legislación
actual y la manera como se está aplicando nos deja al margen del modelo de
Europa democrática en gestación. Ya no se trata de las reiteradas acusaciones
de inconstitucionalidad y de vulneración de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948, cuyos artículos 2, 7 y 20 son
ilegales en España. Además, la legislación española en materia de extranjería
nos coloca de espaldas a los referentes que están orientando la construcción
europea por lo que hace a los derechos de los residentes en los países de la
Comunidad. Hace pocos días, la mayoría absoluta del Partido Popular propiciaba
que el Parlamento español se negase a ratificar tres de los protocolos del
Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma en noviembre de 1950.
España no asume aspectos de ese acuerdo
internacional que han firmado países como Albania, Ucrania, Rusia o Rumania.
Como el protocolo número 4, de 1963, que prohibe deportaciones masivas como las
que se están produciendo ahora mismo. O el número 7, de 1984, sobre garantías
de procedimiento jurídico que los inmigrantes indocumentados no disfrutan entre
nosotros. Por último, no se ha suscrito el protocolo número 12, solemnemente
aprobado el pasado noviembre con motivo del cincuentenario del Convenio de Roma
y en que se obliga a la Administración a proteger a toda persona de la
discriminación racista de que pudiera ser víctima. Todo esto sin contar con los
problemas que provocará sin duda la toma en consideración del Tratado de Niza
y, en concreto, de su Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea,
firmada por los Presidentes del Parlamento, el Consejo y la Comision europeos
el pasado 7 de diciembre. Sus artículos 6, 11, 15, 19 y 21 son inasumibles para
la legislación vigente en España relativa a la inmigración extracomunitaria.
En resumen. Cabe preguntarse qué hacer
ante una situación sólo en parte inédita para nosotros, cual es la llegada de
miles de trabajadores jóvenes atraídos por nuestra demanda de mano de obra
barata desde países más pobres que el nuestro. No está claro qué es lo que
habrá que hacer para que la administración de este fenómeno se lleve a cabo de
manera racional y justa; en cambio, sí que está claro que la vía que se está
ensayando en España provoca muchos más problemas que los que pretendía
solucionar y nos hace indignos de figurar entre los países civilizados del
mundo. Internamiento de personas que han cometido el «delito» de existir, colas
humillantes, malos tratos policiales, miles de seres humanos condenados a la
clandestinidad, explotación, mafias, decenas de cadáveres flotando en las aguas
del estrecho o frente a las costas canarias... ¿Puede ser ese el balance de una
ley democrática?
