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| Los "4.000" de Le Corbusier, en Laval. |
Fragmento del artículo “El miedo al gueto (o porqué se procura evitar la concentración excesiva de pobres en la ciudad)”, en Exceso y escasez en la era global. La nueva complejidad de la política, la economía, el sujeto, la ciudad y el arte, Obra Social de la Caja Canarias, Las Palmas, 2009, pp. 132-153
¿POR QUÉ SE QUIERE EVITAR LA FORMACIÓN DE “GUETOS” DE POBRES?
Manuel Delgado
En todo proyecto urbanístico siempre hay mucho más que una mera intención ordenadora que emplea para sus fines determinadas composiciones formales. Existe, tras de cada iniciativa en materia urbanizadora, una doctrina relativa a lo que se quiere que suceda o que no suceda en ella, a qué tipo de acontecimientos se pretende propiciar o evitar a toda costa. En ese orden de cosas, la hipótesis según la cual las dificultades a la hora de controlar políticamente y policialmente los barrios populares de bloques fue una de las razones que determinaron su abandono como tipología es plausible. Ahora bien, lo que debería estar claro es que entre estos factores que, incluyendo aquél o no, provocaron el declive de los barrios populares de bloques no figura el de la solución definitiva de los problemas de acomodo de los más desfavorecidos que justificaron su generalización. Las detestables y detestadas ciudades-dormitorio de los sesenta resultaron de una intervención pública que ensayó soluciones al cada vez más acuciante problema de la vivienda, un problema que hasta entonces había sido aliviado a través de la igualmente detestable alternativa de la autoconstrucción en agrupaciones chabolistas.
No se discute que tanto una solución como la otra fueron indeseables y es difícil justificar un elogio tanto de la infravivenda barraquista cómo de la construcción casi fraudulenta de bloques en pésimas condiciones. Ahora bien, eran ciertamente soluciones, y soluciones a un problema que no ha dejado nunca de existir, si es que en ciertos sentidos no se ha agudizado con la persistencia de una demanda que continúa bien activa: la de los jóvenes que quieren constituir nuevos hogares, la de las personas mayores y los empobrecidos en general que sólo pueden pagar alquileres muy bajos y, una vez más, como siempre, la procedente de una inmigración hacia las grandes ciudades de capitalismo avanzado que se ha vuelto a intensificar por las demandas de los nuevos ciclos económicos.
El caso de las dinámicas migratorias que atraen a los núcleos urbanos a individuos y familias destinados a alimentar el mercado laboral es elocuente. Ese mismo tipo de población procedente del exterior que en fases anteriores se había asentado en barrios de autoconstrucción y luego en los grandes barrios de bloques en las periferias urbanas, se ve hoy condenada a vivir en unas crecientes condiciones de clandestinidad, no sólo jurídica y laboral, sino también habitacional. Sin ningún tipo de previsión de vivienda social para ellos, se les obliga a dispersarse por la trama urbana en busca de la escasa oferta de vivienda asequible para ellos.
La situación en el Estado español no es menos desoladora por lo que hace a políticas de vivienda social poco menos que inexistentes. Los núcleos de bloques que sirvieron en su día para realojar a los chabolistas han heredado su estigma y continúan siendo un foco de miseria y marginación que los planes de rehabilitación de seguro que ni siquiera lograrán aliviar. Barcelona. Ya hemos visto que el proceso que, partir de los años 70, lleva a una recuperación capitalista de los centros urbanos, rehabilitados para convertirlos en polo de atracción para clases medias y altas dispuestas a reinstalarse en cascos viejos vendidos como cargados de valores históricos y sentimentales, ha conllevado políticas masivas de desalojo de antiguos inquilinos, muchas veces mediante el hostigamiento y la coerción. Los barrios de bloques ocupados por la antigua clase obrera defienden las prerrogativas conseguidas mediante la movilización y con frecuencia se blindan ante nuevos vecinos que puedan alterar la ya de por si precaria estabilidad social obtenida, con frecuencia concretada en viviendas de propiedad que han resultado de lo que fuera la política franquista de “un operario, un propietario”.
En tal marco, las oleadas de inmigrantes que llegan convocados por las demandas de mano de obra informal acaban encontrando viviendas igualmente informales, auténticos sumideros en zonas depauperadas, hacinándose en pisos ruinosos –por los que pagan alquileres abusivos–, aprovechando pensiones ilegales, realquilando habitáculos a veces insólitos –balcones, patios interiores, camas calientes, apartamentos rotatorios...– u ocupando fincas rurales abandonadas. Los jóvenes precarizados tienen pocas posibilidades de adquirir un piso a precio de mercado y sin posibilidad de encontrar algo asequible en un mercado de alquiler prácticamente inexistente, pero, si existe algún amago de iniciativa inmobiliaria de protección oficial, se cuida enseguida de advertir que sus destinatarios serán justamente compradores o inquilinos jóvenes, cuya pobreza se entiende que es provisional y superable, en contextos en que no se contempla la posibilidad de que alguien pueda pertenecer o acabar perteneciendo a algo que no sea una abstracta clase media universal. Toda iniciativa en materia de alojamiento social masivo es rápidamente tildada de promotora de guetos y cuestionada.
No es cuestión de insistir más en las dimensiones del problema de la vivienda en Europa y en España en particular, pero sí que la alternativa a las viejas políticas de construcción social no ha sido nuevas políticas de construcción social, sino la dimisión de entender la vivienda como un servicio público y la renuncia casi absoluta a plantearse la cuestión de su inaccesibilidad para una buena parte de la población. Es más, parece que la situación se invierte. Si en los 60 y 70 se pudo ser testigo de expropiaciones masivas de suelo privado por parte de la Administración, ahora son los Ayuntamientos los que se dejan expropiar por las inmobiliarias, en la medida en que han descubierto que poner terrenos públicos al servicio de la promoción privada y la especulación constituye una de sus grandes fuentes de recursos, sino la más importante. El resultado final: un marco definido por la casi desaparición de la vivienda protegida y de promoción pública, una oferta de alquileres cada vez más escasa y más cara y aun la desaparición de las pensiones baratas en los centros urbanos deteriorados, que eran el último recurso de las personas en situación más precaria.
Pero si acaso la preocupación por la vivienda social se recuperara y se retomara el papel central de la gestión pública en el crecimiento urbano, está claro que no se traduciría en una revitalización de lo que fueron las políticas de grandes conjuntos residenciales para las clases populares, ni la tipología de los desprestigiados polígonos de viviendas. Y es probable que en el descarte de este tipo de opción figure el fracaso de este formato urbanístico en orden a purgar la vida urbana de su crónica tendencia al conflicto y su predisposición a ser justamente lo contrario de lo que se preveía que fueran, es decir núcleos desde los cuales los poderosos recibieran noticia de la consubstancial condición ingobernable de las ciudades.
De ahí el pánico ante la constitución de lo que el imaginario social y oficial llaman “guetos”. Por citar los ejemplos más recientes del protagonismo de lo que en la práctica funciona como un espantajo, recordemos a Oriol Nel·lo, a la sazón secretario general de Planificación de la Generalitat de Catalunya, presentando en marzo de 2006 el Plan Territorial para Cataluña y estableciendo en su discurso que los planes urbanísticos deben evitar a toda costa “la formación de guetos” (El País, 31 de marzo de 2006). La presentación de los planes de rehabilitación del Carmel, a principios de 2006, también se planteó la urgencia de difuminar los efectos negativos de una presencia excesiva de inmigrantes, justo para ·”evitar la formación de guetos” (El País, 26 de enero de 2006). Desde su toma de posesión, el nuevo alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, se planteó como prioridad precisamente las políticas que impidieran la constitución de guetos, uno de los factores que –como explicitó en primera conferencia-balance anual– más directamente amenaza “el concepto de ciudadanía” (El Periódico, 10 de enero de 2007).
La prevención contra la eventual instauración de guetos está sirviendo hoy por hoy como uno de los principales argumentos para limitar la construcción de vivienda social en Cataluña. No hay plan urbanístico que no se plantee como objetivo “evitar la formación del guetos”, objetivo para el que se propone y se dispone una inyección de actuaciones de todo tipo que animen lo que se da en llamar “diversificación social” y que, como se apuntaba al principio, tomando como referencia la Ley de Barrios vigente en Catalunya, lo que se busca –o al menos se obtiene– no es sino una gentrificación disimulada, es decir el asentamiento o cuanto menos la asiduidad de clases medias en la zona. Por descontando que esas políticas nunca afectan a barrios que ya eran de clase media o alta, en los que a ningún urbanista oficial se le ocurre animar a instalarse a familias pobres o marginales para asegurar la supuestamente deseada “heterogeneidad social”.
