dimecres, 5 de juliol de 2017

El ciudadano y otras ficciones

La foto es de Oak Thitayarak 
Fragmento de El espacio público como ideología (Catarata, 2014)

EL CIUDADANO Y OTRAS FICCIONES
Manuel Delgado

Esa figura abstracta llamada "ciudadano" es el rey de la creación del sistema político liberal. Es él quien permite que la racionalidad política se base en la actividad concertante y deliberativa de seres para los que cualquier identificación que no sea esa genérica de ciudadanos resulta improcedente. Nos encontramos con el núcleo duro de lo que sería para autores como Habermas  el concepto republicano de política, para el que ésta sería el artefacto mediador que permite y regula la autodeterminación de agregaciones solidarias y autónomas, formadas por individuos emancipados  conscientes de su recíproca dependencia, que, al margen del Estado y del mercado, alcanzan el entendimiento convivencial mediante el intercambio horizontal y permanentemente renovado de argumentos. Como se sabe, esa está siendo la doctrina de elección de la socialdemocracia, pero también de lo que en el capítulo anterior presentábamos como  ciudadanismo, la ideología que han hecho suya los restos de la izquierda sindical y política que un día se pretendió revolucionaria.

Iluminada por las perspectivas situacionales, ese democraticismo radical  trasciende la filosofía política  para ir a beber de una sociología de las relaciones urbanas, teorizadas como fundándose en una coordinación dialogada y dialogante de estrategias de cooperación, de afinidad o de conflicto, que se articulan en el transcurso mismo de su devenir. Ahora la deliberación se lleva a cabo en el campo de la acción y se traduce no sólo en circulación y consenso de opiniones, sino en una determinada idea de orden público, pero no en el sentido de orden jurídico del Estado, ni de orden de las relaciones en público, es decir recíprocamente expuestas y observadas. Orden público se entiende ahora en tanto que orden del público, esa  categoría social conformada por individuos privados, conscientes y responsables que ejercitan de forma racional su capacidad y su derecho a interpretar, pronunciarse y actuar en pos de objetivos comunes, que pueden ser consistentes y duraderos o provisionales, pero que sólo pueden concebirse en relación a acciones prácticas en situación.

A su vez, orden público puede identificarse también con el propio de una arena real, empíricamente fundada, asociada a la noción de espacio público, pero no sólo como espacio de mutua visibilidad y mutua accesibilidad, en el que los individuos se someten a las miradas y las iniciativas ajenas, sino como algo mucho más trascendente y a lo que ya se ha hecho referencia: el proscenio para las prácticas cívicas concretas, escenario en que la pluralidad se somete normas de actuación pertinentes, racionales y justificables, cuya generación y mantenimiento no dependen de normas jurídicas, sino de una autoorganización sensible de operaciones y operadores concretos, en que se realiza una coexistencia fundada en competencias no discursivas, sino en disposiciones y dispositivos prácticos, emanados de un cierto sentido común, con frecuencia provisto ad hoc. La teoría política del espacio público –esto es el espacio público no como lugar, sino como discurso– trabaja a partir de su consideración como ámbito en que cobra dimensión ecológica una organización social basada precisamente en la indeterminación y  en la ignorancia de la identidad ajena, puesto que lo que cuenta en ese escenario no son las pertenencias, sino las pertinencias.

En ambos casos, el individuo alcanza aquí no sólo su máximo nivel de institucionalización política, sino también su nivel superior de eficacia simbólica. Sale del campo de la entelequia, deja de ser un personaje teórico y se cosifica, aunque sea bajo la figura de un ser sin rostro, ni identidad concreta, puesto que le basta con ser una masa corpórea con rostro humano para ser reconocido como con derechos y obligaciones. El ciudadano, en efecto, es por definición una entidad viviente a la que le corresponde la cualidad básica de la inidentidad, puesto que se encarna en la figura del desconocido urbano, al que le corresponde una consideración en tanto que libre e igual al margen de cuan sea su idiosincrasia. Es a ese personaje incógnito –el mítico “hombre de la calle” del imaginario político liberal– al que le corresponde la misión de coproducir con otros desconocidos con quienes convive comarcas de autocomprensión normativa permanentemente renovadas, compromisos entre actores emancipados, que se encuadran en esa experiencia masiva de desafiliación que es la esfera pública democrática. La sociedad democrática sería así, de hecho, una amplificación universal de la idea matriz de sociedad anónima mercantil, cuyos individuos participan en función no de su identidad, sino en tanto comparten –en un sentido ahora empresarial– intereses, acciones y valores.


La vida social se convierte entonces en vida civil, es decir en vida de y entre conciudadanos que generan y controlan cooperativamente esa cierta verdad práctica que les permite estar juntos de manera ordenada. El ciudadanismo como ideología política se convierte en civismo o civilidad como conjunto de prácticas apropiadas en aras del bien colectivo. La convivencia cívica es, de este modo, concebida como un grandioso mecanismo de interacción generalizada, una especie de conversación de todos con todos, una polifonía gigantesca en la que las distintas voces argumentan y deliberan con el objetivo de conformar un cosmos compartible, bastante en la línea de lo que Habermas define como “acción comunicativa” o “situación discursiva ideal”, pero que no se conforman con hablar, sino que se acuerdan obedecer un conglomerado de “buenas prácticas”, un “saber estar” y “saber hacer” que igualan y que se producen desconsiderando toda génesis histórica o cualquier constreñimiento socioestructural. Se instaura así una tierra de nadie, reino del consenso y la comunicación, cuyos habitantes llegan a acuerdos acerca de qué creer y qué hacer en cada situación. Esa tierra de nadie en que reina el civismo –el conjunto de las llamadas no en vano “normas de convivencia”– existe y  funciona, hemos visto más atrás, como si las instituciones y las autoridades administrativas se hubieran convertido en realmente neutrales, los dispositivos de producción, intercambio o distribución hubieran quedado al margen y los segmentos sociales que mantienen entre sí antagonismos crónicos e insuperables hubieran decido firmar una tregua en sus conflictos en aras a pactar dilatados paréntesis hechos de acuerdo y negociación.




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