 |
| Manifestación en La Mina despues de la muerte de un joven gitano en una coisaria de los Mossos d'Esquadra. La foto es de Santi Cogolludo |
Más sobre los intentos por averguar de dónde sale que el 20 % de vecinos de La Mina son gitanos
CUANTIFICANDO GITANOS DE LA MINA, ii
Giuseppe Aricó
En el caso de La Mina, los datos demográficos en general con los que se ha y hemos trabajado son muy inciertos. Es más, siempre lo han sido y siguen siéndolo aún hoy día prácticamente por las mismas razones. Y es que a la hora de hacer cuentas con la “población gitana” del barrio, lo son aún más por el hecho de que no dejan de reflejar resultados meramente estadísticos que, en el mejor de los casos, no se pueden ni siquiera comprobar. El martes estuve en el Arxiu Municipal de Sant Adrià revisando el famoso informe del CiREM-GES-TRS y he intentado averiguar algunas cosas. El tema tiene tela. Respecto al dato que nos interesa, el supuesto 20%, se trataría de una estimación elaborada a partir de datos recogidos durante la primera década de vida de La Mina, principalmente entre el 72 y el 82, es decir, justo después de los primeros y delirantes traslados (léase deportación) de chabolistas” provenientes sobre todo del Camp de La Bota, La Perona, el Montjuïc, Can Tunis, la Riera Blanca, etc.
Sin embargo, se trata de datos ya de por sí muy controvertidos, puesto que tienden a reinterpretar antiguas cifras extraídas de diagnósticos realizados incluso anteriormente a la creación del barrio. En 1969, año en que el Patronato empieza la edificación del polígono de La Mina, el Secretariat Gitano de Barcelona elabora el “Estudi sobre els principals nuclis amb població gitana de Barcelona i rodalies”. El año siguiente, en el número 53 de la revistaPomezia se presentan de forma resumida los resultados recogiendo un total aproximativo de 14.200 gitanos. En Sant Adrià de Besòs, por ejemplo, se calculaba la presencia de apenas 300 gitanos –la misma cifra que en el Carrer de la Cera en Barcelona-, a los cuales se sumaban unos 1000 más del Camp de la Bota. Por supuesto, no se contempla diferenciación alguna entre esos “gitanos”, esto es, entre cafeletes, gitanos catalanes, andaluces, canasteros, “húngaros”, etc. Simplemente se les considera como parte de un único grupo. Pero, según el mismo estudio, que admitía las dificultades encontradas a la hora de elaborar unos “resultados aproximados y no exactos”, se trataba de datos obtenidos “preguntando a los responsables de los movimientos apostólicos a favor de los gitanos […] o a los propios párrocos” (pág. 61).
Como comentaba en el mail anterior, los primeros trabajos realizados para recoger datos “más fiables” sobre la situación social, económica y demográfica de los primeros habitantes del polígono de La Mina durante los ‘70, son el fruto del esfuerzo de algunas trabajadoras sociales del Patronato que, como la Montserrat Colomer, se caracterizaron por su gran profesionalidad a la hora de describir la realidad social de La Mina. En un artículo de 1977, publicado en el número 77 de la Revista de Trabajo Social y titulado “La lucha urbana en el barrio de ‘La Mina’”, Colomer afirma que “la población estimada según el padrón de 1975 es de 15.133 habitantes” y añade que “aproximadamente el 20% de la población es de raza gitana” (pág. 12), es decir, unas 3.000 personas. A pesar de que en el último apartado del artículo se expliciten profusamente las pautas del trabajo social llevado a cabo en el barrio de aquel entonces, así como la organización del mismo, su finalidad y los métodos seguidos, sin embargo la autora no menciona en ningún momento la forma en que se determinó ese porcentaje del 20%. Simplemente, se limita a señalar que “en el terreno de la investigación se hizo un estudio sobre la población del barrio según el censo de 1975, y se está elaborando otro sobre las características de las familias gitanas” (pág. 20).
En otro artículo de 1979, publicado en el número 13 de la revista Perspectiva Social y titulado “La problemàtica infantil del Barri de La Mina”, se presentan brevemente los resultados de un trabajo elaborado el año anterior y coordinado por la misma Colomer. En el apartado que recoge los “datos generales de La Mina”, los autores advierten que los mismos “s’han aconseguit de l’estudi del cens de desembre de 1975” y señalan que “la població procedeix en un 70% d’Andalusia i l’altre 30% també es majoritàriament immigratori. Els habitants d’ètnia gitana són un 20% de la població” (pag. 152). Por lo visto, se mantiene el mismo porcentaje, pero tampoco en esta ocasión se explicita el método aplicado para determinarlo y se menciona nuevamente el censo de 1975. De hecho, los porcentajes a los que se remite Colomer en ambos artículos aparecen por primera vez en un estudio llevado a cabo por el Secretariat de Coordinació pel Desenvolupament (SECOD) de la Diócesis de Barcelona, que se publicó en 1975 bajo el título “Estudi Sòcio-econòmic del Polígon Residencial ‘La Mina’ (Sant Adrià de Besòs)”. Parece ser que ese estudio contenía también estadísticas de carácter censal elaboradas por el Ayuntamiento. Se trataba de información recogida a partir de principios de los 70 y a medida que iba avanzando el proceso de realojo de las familias chabolistas en los nuevos bloques de vivienda de La Mina. En el Arxiu Municipal no tienen ese estudio y, por lo tanto, no he podido averiguar cuál fue el método utilizado para determinar los criterios que supuestamente otorgarían a uno u otro habitante el privilegio –o la desgracia, según se mire- de pertenecer o no a la “población gitana” del barrio. En el Arxiu Històric de La Mina sí tenían fotocopias de parte de ese estudio, por lo menos cuando pude consultarlas hace ya 5 o 6 años. Tal vez consiga una copia completa en la sede de Justícia i Pau de Barcelona, estoy en ello.
A finales de los ’80, la Fundació Familia i Benestar Social de la Generalitat (FFBS) confeccionó un informe sobre la situación socioeconómica de La Mina que recogía los datos obtenidos mediante un estudio dirigido por la antropóloga Elena Montobbio. Elaborado en colaboración con algunos de los habitantes más cercanos a los movimientos vecinales, entre los cuales destacaba Paco Marín, el informe se proponía como una Propuesta de Treball Comunitari dirigido a obtener alguna ayuda por parte de la CEE. Ahora bien, lo que nos interesa de ese informe es que en el prólogo, redactado por Paco Candel, vuelve a aparecer ese fantasmagórico porcentaje del 20%. Justo al final de la página 14, el “escritor de los marginados” escribe que “un 20% dels seus habitants [de La Mina] són gitanos” y, a continuación, añade algo que, si no supiéramos que quien escribe es el propio Candel, no osaríamos atribuirle: “aquestes [los gitanos] només fan que provocar i dificulten constantment la convivència”. En realidad, Candel estaba ateniéndose a los datos contenidos en el informe, que simplemente revisó para el escribir el prólogo.
Al final de la página 24, se advierte al lector que los datos utilizados para el estudio de la demografía del barrio provenían, de hecho, del estudio realizado en 1975 por el SECOD. Más adelante, en la sección titulada “Demografia i estudi de la població”, sus autores reiteran esa advertencia diciendo que “segons el estudi del SECOD, que pren com a base les dates del padró de 1975, es pot considerar que la població del Polígon ha quedat estabilitzada. Les dates que ens ofereix han de considerar-se amb un cert grau de relativitat, ja que resulta molt difícil una apreciació real de la població no censada, que en aquest barri supera els índexs habituals [...]. Malgrat aquestes consideracions, el nombre de famílies censat l’any 1981 es de 3.279, amb un total de 12.005 habitants” (pág. 31). Pero había más. Según el informe, una de las principales problemáticas sociales de La Mina radicaba entre la población gitana del barrio, que ascendía precisamente al 20% del total de los habitantes: “Si bé aquestes son les línies de coneixement oficial, una aproximació mes real a la població de la Mina assenyala que l’any 1982 el nombre d’habitants s’aproxima als 18.000 [...]. Junts amb aquestes característiques, que ofereixen una lleugera visió de la situació del barri, cal considerar que el 20% de la població es de raça gitana, fet que provoca dificultats de convivència; un fre a la consciència de col·lectivitat; inadaptació escolar i absentisme [...]” (pág. 32). Lo que no queda nada claro, entre otras cuestiones, es si ese porcentaje venia calculado en relación al padrón del ’75, del ‘81 o del ‘82, es decir, si sobre una totalidad de 15.133, 12.005 o bien de 18.000 habitantes.
Casi una década más tarde, en marzo de 1996, el Ayuntamiento de Sant Adrià presenta la “Proposta d’Actuació al Barri de La Mina”. Se trata, básicamente, de una primera propuesta oficial con la cual la administración local intenta establecer los criterios de actuación sociales y urbanísticos para la “transformación” del barrio, parte de los cuales serán finalmente aplicados a partir del año 2000 por el polémico Pla Integral de Transformació del Barri de La Mina (PTBM), vigente hasta diciembre de 2015. En la sección 3 de ese documento, denominada “Dades demogràfiques actuals i de configuració social”, se recuperan tanto los datos censales elaborados hasta la fecha, como las advertencias presentadas al respecto en los trabajos precedentes, y se admite que “és impossible conèixer les dades reals de la població de La Mina, ja que hi ha un sector important de població que no està empadronat i a més hi ha una gran mobilitat poblacional. Segons les dades de 1993 del cens municipal, hi ha 10.607 persones al barri. Segons els diferents treballs realitzats, es calcula que la població oscil·la entre els 15.000 i el 18.000 habitants. [...] Es desconeix el percentatge de població gitana al barri, però aproximadament és de un 20%. No hi ha grups d’altres minories ètniques. Hi ha algunes persones procedents del Magrib, però són molt poques” (págs. 18-19).
En definitiva, a pesar de que el número de la población general del barrio registre cambios considerables a lo largo de las décadas, el porcentaje relativo a la “población gitana” se mantiene inalterado. Nunca he sido bueno en matemáticas, lo admito, pero me parece que hay algo que no cuadra. El año siguiente, en 1997, el consistorio adrianense elabora la “Proposta de transformació socioeconòmica, urbanística i millora urbana de La Mina”. Los resultados de esa propuesta fueron recogidos en dos volúmenes y oficialmente publicados en febrero de 1998. El primero, sobre la transformación socioeconómica, fue elaborado de forma conjunta por el Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània (CiREM), el Gabinet d’Estudis Socials (GES) y la fundación de Tractament i Recerca de Sistemes (TRS); mientras el segundo, sobre la transformación urbanística y mejora urbana, por el propio Ayuntamiento y con el soporte de la MMAMB. El hecho es que de ese primer volumen existen dos versiones: una mecanografiada y no oficial, disponible en el Arxiu Històric de La Mina y que fue presentada a los vecinos en julio de 1997como un primer borrador, y otra impresa y regularmente depositada en el Arxiu Municipal. Ésta última, presentada en noviembre del mismo año, es la versión definitiva y oficial del informe relativo a la transformación socioeconómica del barrio. La otra, la primera, digamos que simplemente no cuenta, pero esto no significa que no sea interesante echar un ojo a su contenido. En ella se declaraba que en La Mina vivían oficialmente 9.825 personas, aunque se estimaba que había unas 3.500 más sin censar. Una vez más, la cifra de la población total del barrio venía redimensionada. De repente, la población gitana no sólo fue cuantificada entre un 20 y 30%, sino que –tal y como aparecía en el informe de la FFBS-, también venía relacionada con específicas “problemáticas crónicas” del barrio, como la delincuencia, el incivismo, la pobreza y la conflictividad social.
En esa versión mecanografiada, la fundación CiREM-GES-TRS sostenía que “La majoria de les persones vinculades a la delinqüència –els qui delinqueixen i els qui els encobreixen, amagant objectes robats o fent de vigilants o observadors per compte dels primers- es concentren bàsicament als grans blocs de La Mina. S’estima que de la població que hi resideix, un 30% està vinculada d’una manera o una altra amb la delinqüència. La policia deté més de 50 persones de La Mina cada mes”. Y es que, justo a continuación, se afirmaba que la población gitana del barrio representaba un 20-30% del total de sus habitantes, lo cual parecía constituir una alusión bastante directa al 30% de población supuestamente vinculada con la delincuencia: “La concentració al barri de persones amb actituds incíviques impedeix el desenvolupament de la vida comunitària. Aquests grups, famílies i persones –la majoria d’ètnia gitana, a la qual pertany el 20-30% de la població total del barri- determinen l’ús de l’espai públic, el deteriorament de la convivència als habitatges les escales. D’alguna manera, aquestes grups s’han apoderat de l’espai comunitari i impedeixen qualsevol esforç de millora i qualsevol intent d’utilització plural”.
Respecto a los datos censales utilizados, el borrador remetía a la Proposta d’Actuacióelaborada en 1996 por el Ayuntamiento. El hecho es que, lamentablemente, la redacción de ese primer documento se había basado únicamente en una síntesis de todo el material bibliográfico disponible hasta la fecha sobre La Mina, del cual no hacía sino una mera recopilación, pero no había contado con la participación de sus entidades ni mucho menos de sus vecinos. Debido a las fuertes presiones vecinales surgidas tras la presentación de ese primer borrador, el Sito Canga, a la sazón alcalde socialista de Sant Adrià, exigió que la fundación CiREM-GES-TRS redactara un segundo documento en el cual participarían de forma activa diferentes entidades del barrio, así como una serie de “expertos en materia”, que aparecen mencionados en un listado al final del informe definitivo. Avanzando duras críticas y sugerencias constructivas, los vecinos más cercanos a las entidades o asociaciones del barrio (en particular La Permanente, la A.VV. o el Centro Cultural Gitano) consiguieron que las estimaciones presentadas en el primer informe fueran sucesivamente rectificadas. A ese propósito, resulta interesante señalar que, en la segunda versión del informe, la estimación que fijaba entre un 20 y 30% el total de la “población gitana” del barrio simplemente desaparece. Fijaros en la página 12 de la versión definitiva, que adjunto.
Pero, en mi opinión, las rectificaciones aportadas al documento definitivo no serían suficientes para dar carpetazo al asunto y quedarnos tranquilos con que tanto los datos relativos a la población gitana, como aquellos sobre la delincuencia, están claramente abstraídos de la realidad social del barrio. La cuestión es que ahora, en esa segunda versión rectificada y definitiva, la estimación de la “pobreza” de La Mina parece estar íntimamente asociada con su “conflictividad social”. Es más, parece ser que la primera genere o, en cierta medida, provoque la segunda y, como si no bastara, la mayoría de “los pobres” de La Mina son –adivinad- los gitanos: “Tot i que no es disposa de cap estudi recent per mesurar el nivell de pobresa del barri, si s’utilitza con a indicador de pobresa els beneficiaris del PIRMI a La Mina, la proporció de famílies pobres es altíssima. D’acord amb aquestes dates, la pobresa afectaria a un 8,2% de la població del barri. [...] De tota manera i d’acord amb diverses informacions obtingudes de tècnics i experts en el tema, la situació econòmica i, per tant, de pobresa d’una part important dels beneficiaris del PIRMI a La Mina (majoritàriament d’ètnia gitana) no és tan desesperada, atesa l’economia submergida i altres activitats que no declaren [...]” (pág. 11).
Efectivamente, a la hora de determinar aquellos indicadores que contribuirían a impedir el pleno cumplimiento de la “normalización” del barrio, el informe destaca causas como el desempleo, pero sobre todo cuestiones como la concentración de “diferentes problemas sociales”, la “densidad poblacional”, la “elevada morosidad en la propiedad de las viviendas”, el “deterioro de los espacios residenciales” y, por ende, la “conflictividad social”. Lo interesante es que el informe afirma que dicha conflictividad estaría relacionada –curiosamente- con un 8% de la población residente en el barrio, que parece condicionar la vida del conjunto de los habitantes debido a sus conductas “incívicas” y/o “delictivas”. Pero, una vez más, el informe no explicita la metodología seguida para determinar esos datos y se limita a fundamentar los mismos sobre la base de estudios previamente realizados por los profesionales y las entidades del barrio: “aproximadament un 8% de la població (estimació feta amb els professionals i entitats del barri) condiciona tota la vida veïnal i genera un rebuig per part de la resta de la població que considera aquest fenomen d’“incivisme” com el principal problema del barri de La Mina. Es pot estimar que en l’actualitat hi ha unes 150 famílies (amb membres delinqüents i/o “incívics”) que poden plantejar problemes de cara al procés de transformació” (pág. 52).
Veamos: el 8,2% de la población del barrio sería “pobre” y la mayoría de ese porcentaje sería de “etnia gitana”; por otro lado, precisamente un 8% de la población general estaría constituido por personas “delincuentes”, “incívicas”, “problemáticas” y/o “conflictivas”. ¿Tendríamos que considerar esas coincidencias entre los datos como una mera casualidad o, más bien, invitan indirectamente al lector a realizar una ecuación matemática? Sinceramente creo que no nos queda sino asumir que, lejos de expresar la extrema diversidad que caracteriza al conjunto de los habitantes de La Mina, mucho de los estudios llevados a cabo hasta la fecha tienden a simplificar y reducir la enorme complejidad que define, intrínsecamente, a éste o cualquier otro barrio de las mismas características. En efecto, diversos “estudios sociales” habrían ido reforzando, a lo largo de las décadas, toda una serie de estereotipos que han acabado por identificar a La Mina con “los gitanos”, y éstos con la pobreza, la delincuencia, la violencia, el incivismo, la venta o el consumo de drogas, la conflictividad y un largo etcétera. Lo más triste es que ese tipo de consideraciones sobre la “población gitana” del barrio, o su población en general, aparecen en prácticamente la totalidad de los informes, estudios, diagnósticos, análisis, planos y planes, etc., elaborados justo antes y a partir de la puesta en marcha del PTBM. Sería suficiente buscar en la red información sobre el barrio y su composición social, para darse cuenta de cómo la inmensa mayoría de dichos estudios ha sido redactada de forma acrítica y, sobre todo, haciendo un uso extremadamente abusivo del “corta y pega”. La información simplemente se repite una y otra vez hasta ser convertida en un dato que se presume cierto e incuestionable.
Pero volvamos a lo que nos trajo hasta ese punto: la cuestión del 20%. En ocasiones, ese porcentaje aparece más alto de lo “usual”, como en el caso de un informe del año 2001elaborado en ocasión del Programa Iniciativa Comunitaria URBAN. En éste, el Ayuntamiento de Sant Adrià calculaba que “la población real en estos momentos se situaría entre los 11.500 y 13.000 habitantes, aproximadamente” y reconocía, asimismo, “la inexistencia […] de datos concretos sobre el volumen de población gitana en el barrio, aunque se calcula aproximadamente en un 30% del total de la población” (pág. 8). En el marco del Fòrum Universal de les Cultures de 2004, Jordi Borja invitó a la Coalición Internacional para el Hábitat en uno de los diálogos que él mismo organizó y coordinó sobre “Ciudad y Ciudadanos del siglo XXI”. De ese encuentro surgió un documento denominado “De la marginación a la ciudadanía”,en el cual se recogen diferentes casos de “producción y gestión social del hábitat”. En el apartado donde se describen las características de la población originaria de La Mina, aparece lo siguiente: “Aunque sólo un 25% de la población era de etnia gitana, de todos modos significaba una de las concentraciones gitanas más grandes de Europa (algo más de 3,000 personas, entre gitanos "españoles" y "húngaros"). En general, podemos decir que su nivel cultural era bajo o muy bajo; abundaba la gente analfabeta y con una situación laboral muy variada” (pág. 304). Desde luego, el documento no proporciona ninguna referencia para contrastar ese porcentaje, ni mucho menos ofrece explicación alguna sobre la manera en que habría sido medido el “nivel cultural” mencionado. En ese punto, la espinosa cuestión de la aculturación daría mucho de qué hablar, pero ahora no es el momento.
Según otras fuentes, el porcentaje de población gitana de La Mina sería incluso mucho –pero mucho- más alto. A principios de septiembre de 2004, en el número 382 del periódico Nevipens Romaní, se publica un artículo titulado “Escasa presencia gitana en el Fórum”, en el cual se denunciaba el trato discriminatorio reservado a muchos gitanos y gitanas de La Mina durante la celebración de ese controvertido mega-evento. El dato interesante es que, según la Unión Romaní, “en el barrio de la Mina de Sant Adrià del Besòs viven el 10% de los más de 100.000 gitanos que hay en Catalunya”. Si echamos cuentas, esto implicaría unas 10.000 personas, es decir, prácticamente la totalidad del barrio, lo cual –de ser cierto- constituiría efectivamente una de les concentraciones barriales más elevadas de toda Europa. Este ejemplo demuestra exactamente lo que comentaba David respecto a cierta tendencia “endémica” a inflar las cifras de la población gitana, siempre y cuando se considere necesario o conveniente.
Ahora bien, ¿podemos considerar estos datos como evidencias serias y científicas para establecer que La Mina es un “barrio gitano”? Personalmente lo dudo, y mucho. Hay algo no encaja, está claro, y no puedo evitar ponerme una larga e inevitable serie de preguntas. Haciendo hincapié en las reflexiones que avanzaba justamente David, ¿hasta qué punto es posible cuantificar la “población gitana” de La Mina u otros barrios similares? ¿Tendría algún sentido hacerlo? Y en el caso muy remoto que lo tuviera, ¿sobre la base de que criterios lo haríamos? ¿Son esos criterios fiables, objetivos, imparciales…? Así mismo, ¿realmente existen baremos científicos para “medir” la conflictividad o el incivismo? Cuando desarrollé mi trabajo de campo en La Mina, la percepción predominante en la mayoría de las conversaciones con personas que no residían ni conocían realmente el barrio, era la que lo presentaba como un “gueto”, un “lugar conflictivo”, “problemático”, un sitio que “es mejor no pisar”, una zona “con mucha delincuencia, yonquis y traficantes”. Pero la apreciación que mejor encarnaba una visón totalmente distorsionada de La Mina, era su consideración como un “barrio chungo donde sólo viven gitanos” o en el cual éstos constituían, cuanto menos, la gran mayoría de sus habitantes. A ver, las cosas como son: estamos frente a un verdadero estigma social, aun hoy muy presente y difuso en el imaginario popular dentro y fuera del territorio metropolitano de Barcelona. Admito con cierta vergüenza que, en las fases iniciales de mi investigación, tuve que lidiar hasta conmigo mismo para ir más allá de esa visión estereotipada de La Mina como “gueto gitano”. Y la verdad es que no lo he tenido muy fácil.
En su tesis doctoral presentada en 2005, la antropóloga Carmen Méndez analiza datos censales de 1997 mostrando que el lugar de nacimiento de la población del barrio correspondiente a Barcelona era de solo el 47%. El restante 53%, en cambio, aparecía repartido en diferentes provincias andaluzas e incluía también la presencia de un 1,31% de habitantes nacidos en el extranjero. A diferencia de David, que hace hincapié en las intuiciones de Wacquant para descartar la consideración de La Mina como gueto –debido, entre otras cosas, a la falta objetiva de una uniformidad étnica y/o cultural-, en cambio Méndez se refiere claramente a La Mina como un “barrio gueto”. Sin embargo, tanto ella como David, son prácticamente los únicos investigadores –que yo conozca- que insisten, justamente, en la imposibilidad de ofrecer cifras fiables en relación a la población gitana del barrio. Méndez, por ejemplo, hace un gran esfuerzo de sinceridad y declara: “[…] pienso que carece de sentido el rigor estadístico cuando los números y los cálculos exactos solo reflejan datos inciertos, intuiciones, en el mejor de los casos. Y esto ocurre con demasiada frecuencia, especialmente en ese tipo de población, acostumbrada a no ganar nada respondiendo verazmente y a arriesgarse a perder mucho” (pág. 193).
Por lo general, los porcentajes demográficos sobre los que trabajó Méndez no han cambiado de forma considerable, por lo menos hasta estos últimos años. Pero a nivel social el barrio se habría incluso diversificado aún más respecto a las décadas pasadas. Según datos recogidos por el Ayuntamiento de Sant Adrià en 2012, los 10.664 habitantes registrados a principios de los ’90 disminuyeron progresivamente hasta llegar, en 2008, a un total de 8.847. A partir de ese mismo año, debido especialmente a la ampliación impulsada por el PTBM hacia la Zona Fòrum y la consecutiva edificación de nueva vivienda protegida y privada, se produjo un cambio de tendencia y su población empezó gradualmente a aumentar. Siguiendo los mismos datos proporcionados por el Ayuntamiento, en 2012 la población censada residente en La Mina estaba formada por un total de 9.412 personas. El dato más interesante, ya que en cierta medida representaba una novedad, era que el 9,8% de su población estaba constituido por personas extranjeras procedentes, sobre todo, de Pakistán (163), Marruecos (131) y China (193), pero también de otros países económicamente más o menos estables, como Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Italia, República Dominicana, Honduras, Rumanía, India, Rusia, etc.
Hoy día esos datos no han cambiado de forma significativa, así que. no resultaría atrevido decir que La Mina se configura actualmente como un barrio caracterizado por lo que algunos autores denominan “super-diversidad”, entendida en términos tanto “étnicos” (o “raciales”, si se me permite el guiño), como sociales, culturales, nacionales, religiosos, sexuales, generacionales y, por supuesto, económicos. Aun así, y a pesar de que la población gitana del barrio nunca ha sido la mayoritaria, el concepto de “raza”, antes, y de “etnia” después han tristemente acabado por ser parte de la imaginería social, mediática y política a lo largo de la historia social y urbanística del barrio. Como señala justamente David en algunos de sus trabajos (1999y 2006), el proceso de estigmatización de La Mina habría configurado, en particular durante los ´80 y los ’90, un estereotipo abusivo del “gitano” y, por extensión, del habitante de La Mina como modelo de delincuente por excelencia. Ni tiene que decir que la prensa y los medios de comunicación en general contribuyeron a reforzar ese imaginario asociando la delincuencia a la pobreza, al incivismo y, por ende, a la conflictividad que atenazaba y seguiría atenazando al barrio. Y es que, como hemos visto, se trata de un imaginario pura y deliberadamente racial. Baste con pensar, por ejemplo, en los acontecimientos que dieron lugar a la “intifada del Besòs”, uno de los casos sin duda más paradigmáticos de la visión altamente estigmatizada y racializada de La Mina y sus habitantes.
La cuestión es que ese proceso de estigmatización habría ido articulándose no sólo a través de determinadas percepciones populares, fomentadas por las retóricas políticas y el imaginario mediático, sino, y de una forma quizás más sutil pero igualmente determinante, mediante la elaboración de controvertidos diagnósticos, estudios e informes sobre las “condiciones sociales” del barrio. Todo ello nos invita cuanto menos a sospechar que los propios investigadores y científicos sociales tenemos, a menudo, altas probabilidades de ser coautores de verdaderos “mitos”, y encima a veces ni siquiera nos damos cuentas de ello. A pesar de las buenas intenciones, sensibilidad y profesionalidad de los que hemos intentado estudiar y describir, desde diferentes perspectivas, la compleja realidad social de La Mina, la infeliz y deliberada consideración de este barrio como un “gueto gitano” de la periferia de Barcelona sigue apareciendo no sólo en la prensa o en los discursos políticos, sino también en varios trabajos de corte histórico, urbanístico, geográfico, socio-antropológico, etc. Una visión sin duda distorsionada y, sin embargo, totalmente funcional para que las administraciones, los tecnócratas y las promotoras inmobiliarias consigan justificar no sólo la supuesta necesidad de “redimir” social y urbanísticamente La Mina, sino también la urgencia para impulsar, de hecho,unas “políticas anti-gueto”, que tienen en el actual urbanismo de corte neoliberal su principal aliado. Pero, bueno, esta es otra historia, ¿o quizás no?
