Acabo de tornar de treballar amb la gent de l'ICE de la Universidad de Murcia. Em convidava Juan Díaz, al qui agraiexo de debò la invitació. He tornar a descobrir el complicat que és explicar coses que els antropòlegs fa temps que veiem amb claredat i ens entestem -inútilment- en denunciar, sobre tot pel que fa als usos distorsionadors i perversos de la noció de "cultura". Tant a la classe que vaig fer a estudiants de primer de la Facultad de Educación, com a la reunió en seminari amb professors de l'ICE, vaig evocar -jo diria invocar quasi- el contingut de la declaració que vam aprovar per aclamació els més de 600 antropòlegs de 19 països que ens vam reunir en la seva assemblea final. A tall de curiositat, esmentaré que el text el vam redactar Isidoro Moreno, Susana Narotsky i jo mateix, que, en tant que secretari del congrès, havia fet un primer esborrany. La fotografia que acompanya aquesta entrada és de Jordi Secall i correspont al desallotjament d'immigrants tancats a la catedral de Barcelona el juny de 2004, just mentre s'estava celebrant pomposament el Fòrum de les Cultures, de la naturalesa del qual ja advertia el document aprovat pels congresistes. Mereix la pena remarcar-lo, car aquell pronunciament va ser el primer pronunciament públic que, en un context de servilisme generalitzat -li deien "consens"-, denunciava obertament què era en realitat aquell muntatge, aixecat a l'empar del "multiculturalisme" i el "diàleg entre cultures". Aquest va ser el document.
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La primera semana de septiembre de 2002, y organizado por el Institut Català d’Antropologia, se reunió en Barcelona el IX Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español. Durante cuatro días, más de seiscientos profesionales procedentes de todo el Estado y de otros diecinueve países, estuvieron debatiendo en torno a las relaciones entre política y cultura. En el acto de clausura del Congreso, celebrado en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a última hora de la tarde del 7 de septiembre de 2002, los congresistas aprobaron la presente
DECLARACIÓN
Fue desde la antropología que, hace ya varias décadas, se reclamó para la noción de cultura –el objeto central de nuestra disciplina- un papel protagonista en los debates sobre las causas de la diversidad y, por extensión, de la desigualdad humanas. Con ello quisimos contribuir, junto a los avances de la genética, a desautorizar científicamente la pretensión de que existía algún fundamento “racial” en la variedad de formas humanas de pensar, hacer y decir y mucho menos en su calificación como “superiores” o “inferiores”. El origen de la heterogeneidad humana quedaba instalado, de la mano de esa noción de cultura –como entidad cambiante, dinámica, determinante, pero también determinada por la historia– en la capacidad de los seres humanos no sólo de vivir en sociedad, sino de generar y transformar constantemente la sociedad en que vivían
Han pasado los años y este IX Congreso de Antropología se ha planteado como tarea central la de hacer un balance de los usos políticos que aquella noción de cultura ha acabado recibiendo. La idea de cultura se emplea hoy para fines muy distintos, por no decir antagónicos, a aquellos que la antropología deseó ver realizados cuando llamó la atención sobre su importancia en la explicación de la diversidad. Lejos de servir para impugnar la irrevocabilidad de las diferencias humanas, la cultura se ha convertido hoy en un mero sucedáneo de la desprestigiada idea de raza y sirve, mucho más sutilmente, para lo mismos fines, que no son otros que los de la naturalización de las asimetrías sociales y la justificación ideológica de la exclusión social.
La discriminación, la segregación y la marginación son, hoy, en esencia, “culturales”. Donde un día se habló de “razas inferiores” se habla ahora de culturas “incompatibles con nuestros valores”. Los partidos xenófobos ya no claman en favor de la pureza racial, sino que advierten de los peligros que sufre la “integridad cultural” de sus respectivas naciones. A su vez, las grandes instituciones políticas y los partidos mayoritarios emplean la idea de cultura para justificar la inferiorización de miles de seres humanos, promulgado leyes que les niegan el acceso a la justicia y la igualdad. Esas mismas instancias pueden, no obstante, proclamar públicamente su adhesión a valores de “tolerancia entre culturas”, convertidos en sus manos en una retórica hueca y demagógica. En ese mismo marco, “multiculturalismo” e “interculturalidad” sirven para designar con frecuencia políticas que no se basan en la pluralidad móvil de estilos de vida presentes en una misma sociedad, sino en la existencia de un supuesto mosaico de compartimentos herméticos que encierran a cada individuo en su “identidad” étnica y de los que se insinúa que no es posible escapar. Los medios de comunicación emplean una y otra vez la noción de cultura para trivializar y simplificar determinados conflictos sociales, insinuando que sus causas tienen que ver oscuramente con las adhesiones culturales de sus protagonistas. El antirracismo oficial asume como propio ese discurso, basado en una apropiación distorsionadora de la noción de cultura, y da a entender que es una mayor “comprensión entre las culturas” lo que permitirá superar las brutales injusticias de que son víctimas tantas personas. En ese orden de cosas, no se parece percibir hasta qué punto la exaltación del “mestizaje cultural” esconde una premisa racista: la de que es posible –aunque se proclame indeseable- que puedan existir en algún sitio culturas puras. Un ejemplo de todo ello lo constituye lo que está sucediendo hoy en el Estado español en materia de inmigración. Aquí, ese empleo de la diferencia cultural para justificar todo tipo de atropellos aparece asociado con políticas llamadas “de extranjería” que vulneran de manera escandalosa derechos humanos básicos. La diversidad cultural es mostrada una y otra vez como aquello que imposibilita que un Estado que se supone “de derecho” lo sea de veras, como si la heterogeneidad humana fuera un obstáculo insalvable para que se realizaran los principios democráticos básicos de igualdad y libertad. Las conductas institucionales reales en relación con los trabajadores y trabajadoras venidos de otros países y sus familias –insistentemente mostrados como procedentes de culturas de difícil integración en nuestra sociedad– consisten en someterlos a condiciones de llegada y de estancia muchas veces atroces. Un vago discurso oficial acerca de la “integración de los inmigrantes” se combina con la condena a miles de seres humanos –culpables sencillamente de haber llegado hasta aquí y ser pobres– a formas inconcebibles de explotación laboral, a un trato legal que no les reconoce como personas y a un asedio policial que se traduce en detenciones arbitrarias, deportaciones sin garantías y, en ocasiones, –y si los informes de diferentes organismos internacionales al respecto son ciertos– a los malos tratos e incluso, en algunos casos, a la muerte. Esa es, en este momento, la realidad del “multiculturalismo” en el Estado español.
En ese contexto –marcado por leyes y prácticas institucionales que sistematizan y generalizan la injusticia, la brutalidad y la explotación contra los inmigrantes–, nos inquieta que Barcelona, la ciudad que acoge nuestro Congreso, esté preparando una exaltación al máximo nivel de “las culturas” como tema político y como espectáculo mediático. La perspectiva de un gran acontecimiento como el Fòrum Universal de les Cultures 2004 nos hace preguntarnos acerca de si servirá, como pretende, para hacer el elogio de la convivencia fértil entre distintos y de la necesidad y la posibilidad de generar marcos igualitarios que permitan superar las diferencias sin negarlas, ni si sabrá denunciar los abusos y las desigualdades que se producirán ante sus ojos. El proyecto aparece demasiado cargado de compromisos institucionales y de implicaciones inmobiliarias y urbanísticas como para no contemplarlo como sometido a planes de promoción de la ciudad destinados a turistas y a inversores y a estrategias de autolegitimación política de cara a la propia ciudadanía.
Por todo ello, los antropólogos y las antropólogas reunidos en este IX Congreso en Barcelona, la primera semana de septiembre de 2002, queremos expresar nuestro rechazo a la utilización de las diferencias culturales como justificación de unas políticas de inmigración discriminatorias y negadoras de derechos humanos fundamentales, así como nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Fòrum 2004 acabe deviniendo un espectáculo tan grandilocuente como vacío, al servicio de los intereses políticos y económicos de sus promotores.
