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| La foto es de José María Tejederas para El País |
CACERIA HUMANA EN LA PLAÇA ANDRÉ MALRAUX
Manuel Delgado
Hoy, 16 de agosto, es el aniversario de un episodio vergonzoso del que nadie, como tantas otras cosas, se va a acordar. Ese día, hacia las 4 de la tarde circulábamos Carlota, mi mujer, y yo por la Gran Via cuando, pasada la Plaça Tetúan en dirección norte, vimos una larga hilera de furgonetas de la Policía Nacional aparcadas en uno de los laterales. Enseguida asociamos el despliegue a la acampada de inmigrantes sin papeles que se levantaba un poco más abajo, en la plaça André Malraux, al lado de la terminal de autobuses de la Estació del Nord, en mi barrio, Fort Pienc. Allí dormían unos doscientos inmigrantes sin papeles. Una buena parte eran senegaleses, gambianos, nigerianos y cameruneses que habían ocupado antes uno de los rincones de la Plaça de Catalunya, lo que se dio en llamar el "Black Cornell".
En ese Black Corner, los inmigrantes –todos ellos varones– mantenían un punto de reunión permanente, que se convertía en dormitorio de noche. Dormían en los bancos de piedra de la plaza, siempre sentados, porque la Guardia Urbana les prohibía echarse en nombre de las normativas municipales, las mismas que justificaron el intento de desalojo de los acampados del 15M el pasado 27 de mayo. En un cierto momento, esta presencia permanente de inmigrantes sin techo en lugares de máxima visibilidad desencadenó un movimiento de apoyo, encabezado por Sense Papers. Esta organización ya habían impulsado movimientos de protesta contra la situación de los inmigrantes irregulares, como la que llevó a varias decenas de ellos a encerrarse en la parroquia del Pi, en el Barri Gòtic barcelonés y en otras iglesias de la ciudad, en las primeras semanas de 2001. La situación se agravó en verano con el levantamiento de un nuevo asentamiento de inmigrantes sin techo, una veintena de argelinos procedentes de Italia que había ocupado el césped del paseo Lluís Companys. En paralelo, el 30 de junio se cerraba el albergue municipal de la calle Vazdoncella, dejando a noventa inmigrantes en situación precaria en la calle y abandonados a su suerte.
El día 6 de agosto, de madrugada, la policía municipal ejecutaba las órdenes directas de la alcaldesa en funciones, Imma Mayol, de Iniciativa per Catalunya, y desalojaba a los acampados en la Plaça de Catalunya. En total, unos doscientos inmigrantes sin techo estuvieron vagando por la ciudad, levantando su campamento en diferentes puntos: en Paral·lel, ante las oficinas municipales de los servicios al inmigrante, al extranjero y al refugiado. Luego pasaron una noche en los locales del sindicato CGT, luego en la plaza Ramon Berenguer. Por fin, el grupo se instaló en la plaza André Malraux.
La situación se mantuvo varios días, hasta ese día, el 16 de agosto, en el que las autoridades decidieron acabar como fuera con aquella situación. Para eso estaba la policía a la que habíamos avistado al acecho. Corrimos a avisar a los acampados de que aquello no podía ser más que el anuncio de un inminente desalojo. La gente de organizaciones de soporte que estaba con ellos se extrañó de semejante eventualidad, porque, nos dijeron, en aquellos momentos estaba teniendo lugar una reunión en el Gobierno Civil de cara a negociar el mantenimiento del campamento de inmigrantes. Pero enseguida se pudo comprobar que la amenaza era cierta. A eso de las 6 de la tarde aquella columna de vehículos policiales y otras irrumpieron en la plaza. Los policías rodearon a los reunidos y a los simpatizantes que les acompañaban y que intentamos formar una cadena a su alrededor para protegerlos. En un momento dado, se abalanzaron sobre nosotros, pero no para dispersarnos, como se podía haber previsto, sino para capturar a los acampados en masa, lanzando sobre ellos una especie de red que los atrapara a todos, sin dejar escapar ni uno, una tarea en la que nuestra cadena humana no hizo sino contribuir involuntariamente.
La fotografía de arriba, publicada en El País al día siguiente, da una idea de cómo fue la operación, operación que fue en realidad una auténtica cacería humana, que continuaría luego con la policía patrullando por las calles de los alrededores, a la caza de los pocos acampados que habían logrado escapar. Como se puede observar en la fotografía, yo mismo caí en la trampa y quedé atrapado en la bolsa en que la policía y nosotros de manera involuntaria habíamos encerrado a los inmigrantes. Soy el único "blanco" que se ve en la melé, a la derecha de la foto, en la primera línea.
Luego se supo que aquella operación, llevada a cabo por la Policía Nacional, había contado con la colaboración de la Guardia Urbana, que se había encargado de taponar las salidas y los túneles de la estación de metro de Arc de Trionf, para evitar que los inmigrantes escaparan por ellos. El resultado de la operación fueron 166 inmigrantes detenidos, más dos turistas de piel demasiado oscura que habían sido encontrados sospechosos por la policía en su particular partida de caza. Recuerdo a los policías arrastrando a los capturados y trasladándolos como si fuera realmente venados recién abatidos. Una vergüenza y un escándalo. Todos fueron trasladados al centro de detención de La Verneda, donde la mayoría quedaron retenidos a la espera de su deportación. Las pocas personas que pudieron entrar en contacto con ellos denunciaron que su aspecto denotaba que habían sufrido malos tratos.
Días después, el alcalde de la ciudad, Joan Clos, recién reintegrado al cargo después de sus vacaciones estivales, afirmó que la operación policial había sido inevitable. Entre sus argumentos, destaca uno: “No es admisible la ocupación permanente del espacio público”. Esta razón tiene que ver sin duda con la prohibición que las normativas municipales hacen de acampadas y pernoctaciones en lugares públicos sin la debida autorización. Contrasta la contundencia justificada contra los inmigrantes por parte de unas autoridades municipales que habían conocido y tolerado apropiaciones parecidas del espacio público, la más espectacular el campamento de casi mil tiendas de ONGs que a partir de diciembre de 1994 y a lo largo de varios meses, reclamó la concesión del 0,7 % a los países en vías de desarrollo.
La violenta intervención de la policía contra los acampados en la plaza André Malraux era un prueba más de la vocación represora de las actuales leyes de extranjería en España y, más en concreto, del talante brutal de la entonces delegada del gobierno en Catalunya, Julia García Valdecasas, tristemente famosa por su responsabilidad en la represión contra los movimientos sociales y la disidencia política en general. Pero la postura de las autoridades municipales, actuando como cómplices activos de la arbitrariedad policial denota que lo inaceptable para el poder local no era que los inmigrantes acampados no tuvieran papeles y que, por tanto, no tuvieran derecho a estar presentes en el espacio público. Oficialmente, el Ayuntamiento barcelonés había dado pruebas explícitas de su rechazo a las políticas en materia migratoria del gobierno español. Su alineamiento en las tesis del antirracismo oficial –fundado en una vaga convocatoria a la “compresión entre las culturas”– había sido clara y hasta entusiasta desde el principio y había hecho lo posible por estimular lo que enfáticamente se da en llamar “buenas prácticas” en materia de acogida a los recién llegados.
Recordemos que en aquel momento ya estaban en marcha los preparativos de aquella mamarrachada que sería el Fòrum de les Cultures, apoteosis del buenrrollismo y la hipocresia oficiales. El problema no estaba en la situación injusta o ilegal de los inmigrantes, sino en su exposición en un espacio de y para la visibilidad. En otras palabras, la cuestión no residía en que los inmigrantes residieran en Barcelona ilegalmente y sin lugar donde poder descansar y constituir algo parecido a un hogar, sino que publicitaran su situación deparando una imagen de miseria y marginación que era del todo incompatible con las iniciativas municipales en orden al adecuado embellecimiento de la ciudad, cuyo fin no era otro que el de la redención, por la vía estética, de las carencias y fracasos infraestructurales que la ciudad padecía, una ciudad en la que en lugar de perseguir la pobreza se persigue directamente a los pobres.
Aquel episodio fue para mi como la caída del caballo de Saulo camino de Jerusalem: una revelación de una verdad que yo mismo no había sabido reconocer en toda su crudez, un escándalo del que estaba siendo cómplice. En aquel mismo momento yo formaba parte de una comisión que en el Parlament catalán había recibido el encargo de elaborar un documento institucional sobre el “problema” de la inmigración, documento del que yo debía ser uno de los ponentes. Víctima de mi propia vanidad, acepté formar parte de aquella instancia a través de la cual el parlamento catalán y los partidos en él representados demostraban su “preocupación” por el asunto y llamaban a las buenas prácticas sociales y oficiales en relación a él. Pero, frente a esas buenas palabras de las que se esperaba que yo fuera el redactor la realidad demostraba otra cosa. Lo que decían los hechos era lo contrario de lo proclamaban los discursos oficiales sobre el multiculturalismo, la convivencia y los valores de la ciudadanía. Lo real era la policía abalanzándose sobre seres humanos a los que no cabía hacer culpables de algo que no fuera sencillamente estar ahí, reclamar un derecho de presencia pública que nuestras leyes les niegan.
A partir de entonces ya nada pudo ser igual para mí. No sólo les había desenmascarado a ellos, a los poderosos, sino sobre todo me había desenmascarado a mí mismo. Toda mi evolución política posterior es en buena medida consecuencia de esta experiencia, que me colocaba cara a cara ante la naturaleza de eso que se atreven a llamar "democracia" y que no es sino servidumbre y complicidad con una colosal máquina de generar miseria, explotación y violencia.
