dijous, 3 d’agost de 2017

Bajar a la calle

Manifestación de jornaleros en Lebrija (Sevilla), 1978. La foto es de Manuel López
Catálogo de la exposición Construyendo democracia, Fundación Chirivella Soriano, Valencia, 2015, pp. 70-75. 

BAJAR A LA CALLE
Manuel Delgado

Deberíamos preguntarnos para qué sirve realmente una calle. En principio, una calle —a la que cuando es circular llamamos plaza— es un pasadizo u obertura que se abre entre volúmenes para que por allí circulen vehículos y personas que se mueven entre puntos de una determinada trama urbana. Para que cumpla esa función, las administraciones procuran garantizar la fluidez de las idas y venidas, evitando obturaciones o presencias anómalas que puedan interrumpir lo que se supone que es el buen funcionamiento de un orden circulatorio regular y previsible. En ese sentido, tanto para las administraciones como para los planificadores de ciudades, la calle es y debe ser un espacio solo para circular y se espera que sus usuarios naturales sean viandantes que llevan a cabo desplazamientos instrumentalmente justificados, como los que, por ejemplo, les permiten ir y venir de trabajar, repartir productos, salir de compras o pasear pacíficamente. Si se observa, esa lógica es la que permite reconocer una retícula espacio urbano como recorrida en todas direcciones por individuos que van de aquí para allá, cada cual "a la suya", trazando líneas que solo eventualmente se cruzan, pero casi nunca coinciden ni permanecen.

Esta naturaleza diversa y dispersa de la actividad en los espacios públicos urbanos se transforma cuando, en ciertas circunstancias, se generan algo parecido a coágulos humanos que hacen que ciertas calles y plazas pasen a servir para una sola cosa, en el sentido de que la coalición de viandantes que se ha formado se comporta de manera homogénea, caminando de manera compacta en una misma dirección o permaneciendo soldada en un mismo lugar, haciendo y diciendo cosas parecidas en un mismo tono. En estos casos, determinadas parcelas de la trama urbana pueden convertirse en escenario activo de una apropiación colectiva de signo expresivo, a disposición de sectores sociales que deciden existir no como supuesto estadístico, sino como cosa real, masa físicamente perceptible que actúa y se expresa empleando la calle como su soporte fundamental. Estas expresiones colectivas pueden ser toleradas o ser consideradas perturbadoras y, en consecuencia, reprimidas de manera incluso violenta.

A estas formas de acción colectiva que convierten el espacio público en su marco natural las llamamos manifestaciones e implican el reconocimiento de que lo que denominamos movimientos sociales son movilizaciones en un sentido liberal, es decir prácticas ambulatorios en las que conglomerados humanos se desplazan por la retícula urbana con fines expresivos. Se trata de rituales políticos asociados a los principios de civilidad y ciudadanía y están destinados a crear solidaridades basadas en el consenso circunstancial, fundar legitimidades y canalizar la percepción pública de los acontecimientos..., siempre combinando una intensificación interna del grupo congregado con una funcionalidad como vehículos de información dirigida al público en general. 

Desde el punto de vista de la teoría política, la manifestación de calle concreta el derecho democrático a expresarse libremente, un derecho personal ejercido colectivamente. A través suyo, las personas pueden oponerse a los poderes administrativos o a cualquier otra instancia por medio de una asociación transitoria que se hace presente en un sitio de paso público. Este espacio se convierte así en mucho más que un pasillo: deviene en efecto público, en el sentido ilustrado del término, es decir en espacio de y para la publicidad. Recuérdese que la publicidad es ese ideal filosófico –originado en Kant y uno de los fundamentos del proyecto cultural de la modernidad– del que emana el más amplio de los principios del consenso democrático. Ese axioma está asociado a la idea de una sociedad formada por personas privadas iguales y libres que se conciertan a la hora de hacer uso público de su razón. Los participantes en ese usufructo intensivo de la calle que implica la movilización no pierden en ningún momento que son seres humanos diferenciados y diferenciables, cuyas diferencias han quedado superadas –pero no negadas, sino preservadas– por el fin comunicacional común que los reunidos han asumido como propio. En este sentido, la concentración o la marcha de un grupo humano en la calle implica una fusión no orgánica, puesto que no es idéntica a una comunidad, sino a un pacto entre personas individuales que prescinden o ponen entre paréntesis lo que les separa, al haber encontrado una unidad moral que se presupone provisional.

Para la ciencia política, la manifestación implica acaso la forma más entusiasta y activa de participación política, el nivel medio del cual encontramos –cuanto menos en un sistema democrático– en el acto elemental de ir a votar. La demostración civil es, sin duda, la modalidad más vehemente de control social sobre los poderes públicos. Participar en manifestaciones, bajar o salir a la calle para expresar coralmente opiniones o estados de ánimo relativos a asuntos públicos supone la forma más radical de participación política, aquella que implica el máximo grado de involucramiento personal de los miembros de una sociedad en los asuntos colectivos.

Pero, es más, la encarnación en la calle de grupos con identidades, intereses y objetivos específicos no deja de impugnar solapadamente, o cuando menos matizar, la propia presunta naturaleza representativa del orden político nominalmente democrático. De hecho, la acción colectiva en lugares públicos constituye una forma de democracia directa y radical, a través de la cual son los propios afectados o concernidos por determinado asunto quienes se consideran legitimados para hablar por sí mismos y sin el concurso de mediadores orgánicos institucionalizados a través del voto, ni usando los «conductos reglamentarios» que prevé la burocracia administrativa. Se trata, en definitiva, de una denuncia de lo que Pierre Bourdieu había llamado “fetichismo de la delegación”, el efecto óptico de que alguien puede encarnar físicamente y llevar la palabra –ser portavoz– de una colectividad vindicativa. También constituye una manera de advertirnos que la lucha democrática es una lucha por el derecho a hablar y a ser oído y que la manifestación funciona como una auténtica conquista de la palabra, por evocar el libro que Michel de Certeau escribió sobre la revolución de Mayo del 68 en Francia. Los ciudadanos se representan a sí mismos, reclaman ejercer su derecho a existir no como una entelequia abstracta —"el pueblo", "la ciudadanía"...—, sino con cuerpo y con rostro, como realidad que se hace presente en esos proscenios para la vida pública que son la plaza y la calle. 

Pero la acción colectiva convierte el lugar que escoge para desplegarse —ciertas calles, ciertas plazas, y no otras— no como un mero escenario. Al subrayar con su presencia su valor simbólico, el colectivo reunido convierte ese marco en protagonista activo del propio acontecimiento suscitado. Ello ha quedado explicitado en movimientos recientes como el 15M español; Occupy Wall Street en Estados Unidos y otros análogos como los de Tel Aviv en junio de 2011 o Estambul en julio de 2013, o la Revolución de los Paraguas en Hong-Kong en el otoño de 2014. En estos casos no se trató de simples apropiaciones civiles de centros urbanos para hacer de ellos un telón de fondo sobre el que ejercer la libertad de expresión, obteniendo eco político, ciudadano y mediático. Los espacios en que se produjeron los asentamientos de protesta no fueron instrumentos al servicio de una instancia convocante, sino que fue el propio evento y el espacio en que —literalmente— tenía lugar los que reclamaban y obtenían el estatuto de sujetos políticos. En aquellos casos las acampadas se arrogaron el papel de auténticas entidades políticas independientes, con vocación incluso constituyente, que podían desarrollar funciones interlocutoras a través del sistema asambleario de que se dotaban. En el caso del 15M, por ejemplo, no era que los congregados emplearan las plazas para expresarse, sino que podía antojarse que era las plazas mismas las que empleaban a quienes las ocupaban para expresarse, en tanto que símbolos vivientes de un parecer y un sentimiento colectivos.

He ahí la clave que explica el papel central concedido al espacio público en las movilizaciones sociales de nueva generación. En tanto debe cumplir su misión de suelo de una sociedad civil rejuvenecida, el espacio público debe objetivarse ahora en ese marco sensible que hasta entonces había sido simplemente la calle o la plaza, para hacer de ella escenario programático de y para la auténtica cívilidad; no la corrupta y adulterada actual, sino, por fin, en tanto que verdadero marco autogestionado para la discusión y la acción. En función de esa premisa, las plazas ocupadas eran reclamadas para realizar los principios democráticos radicales, para los que la plaza —devenida ágora, es decir espacio público— es no sólo lugar para el libre debate, sino síntesis encarnada de la propia comunidad de ciudadanos, de sus verdades e impaciencias, forma física que adopta su exigencia de que el proyecto moderno de equidad y justicia se convirtiera en algo más que un horizonte perpetuamente lejano. 



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