Lectura recomendada: Roberto Gargarella, Mª José Bernúz, Chaime Macuello y Raúl Susín, Democracia y protesta, El valor democrático del derecho a la protesta, Sibirana, Zaragoza, 2015.
¿Cómo debería un Estado democrático ocuparse de las protestas que desafían, entre otras cosas, la forma en que dicho Estado administra sus poderes coactivos? ¿Qué límites, si los hubiere, deberían tener las protestas democráticas y las manifestaciones populares, particularmente en el contexto de las sociedades injustas y desiguales?
En sociedades profundamente desiguales e injustas, el riesgo de un uso sesgado e inadecuado de los peligrosos poderes coercitivos del Estado parece aumentar de modo radical. Esta situación nos proporciona razones adicionales para tener cuidado con cómo se utilizan esos poderes coercitivos y asegurarnos de que están sujetos a una estricta regulación democrática,
Vivimos en sociedades injustas y desiguales, y es simplemente inaceptable que nuestras normas penales sean creadas, aplicadas e interpretadas por una élite que (obviamente) nunca se verá afectada por esos poderes coercitivos que administra. Ojalá, en el futuro, en circunstancias no muy remotas, las cosas acaben siendo diferentes. Quizás, en ese escenario deseado, seamos capaces de asumir que la democracia necesita proteger las voces de quienes disienten, voces que a veces dicen cosas que no nos gustan de maneras que no nos gustas, pero voces, al fin y al cabo, que nos enseñan a vivir juntos.
[Roberto Grargarella. De la solapa del libro]
