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¿SON CONSTITUCIONALES LOS DERECHOS HUMANOS?
Manuel
Delgado
El recién hecho público Informe 1997 de SOS Racisme debería darnos
a pensar. Lo que en este documento se denuncia es la presencia creciente de
ideologías y prácticas de exclusión cuyos protagonistas no son ya brutales skinheads, sino pacíficos y honrados
ciudadanos en los que ha calado el discurso sutilmente racista de los medios de
comunicación y del sistema jurídico-policial. La conclusión lógica a la que SOS
Racisme nos invita es inapelable: no se puede esperar que la mayoría social
considere iguales a personas que las instituciones no reconocen como tales, y a
las que, marcadas como inmigrantes,
legalmente se acosa, vigila y deporta, que son abordadas por la policía en la
vía pública y que las autoridades y la prensa muestran sistemáticamente como un
problema de orden público o de convivencia.
Este es el momento de recordar que el racismo no está en el origen
de las tensiones sociales, sino que es su resultado. ¿Cuál es su tarea?
Racionalizar, a posteriori, la explotación, la marginación, la expulsión o la
negación que unos seres humanos pueden imponerle a otros. Eso implica que el
combate contra el racismo está
perdido tal y como se plantea en la actualidad, puesto que, atribuyendo al
propio racismo el origen de las injusticias, escamotea que son éstas las que
requieren de aquél una fuente de explicaciones que las legitime y las
justifique. Dicho de otro modo : no se discrimina, segrega o margina a
quiénes se considera inferiores, sino que se considera inferiores a aquellos a quienes
se discrimina, segrega o margina, de manera que la distribución de papeles
entre opresores y oprimidos aparezca como inevitable. El racismo viene a servir
de coartada para las desigualdades y asimetrías
que sufren las relaciones sociales reales, que encuentran, por esta vía,
un vehículo para naturalizar una distribución de privilegios que los principios
democráticos que orientan presuntamente la sociedad moderna nunca podrían
legitimar.
Es ahí donde damos con las fuentes institucionales de la exclusión
social. Y no se trata sólo de la tantas veces denunciada Ley de Extranjería,
sino de una Constitución que consagra una radical separación entre personas con derechos y personas sin derechos. Así, en el Artículo 14 del
Capítulo Segundo se puede leer: «Los españoles son iguales ante la ley». He ahí
un principio incompatible con el artículo 1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, de cuya promulgación van a cumplirse cincuenta años: «Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Dicho de otro
modo, una prerrogativa universal de la persona humana como es el derecho a la
justicia no goza en España del amparo constitucional. Y lo mismo podría decirse
de la totalidad de Estados europeos, cuyas cartas magnas recogen ese mismo axioma que permite
escamotearle a alguien derechos básicos por el hecho de haber sido considerado
«extranjero».
¿Qué hacer en orden a vencer ese racismo magnatico,
disperso, que empapa la vida cotidiana y que nos convierte a todos en
discriminadores activos por el simple hecho de admitir la existencia entre
nosotros de seres oficialmente indignos de ser como nosotros? Ese combate no pasa por darle más vueltas al colosal
timo de la «multiculturalidad», ni por defender un «derecho a la diversidad»
que da por buena la premisa racista de que las diferencias humanas son
naturales e irrevocables. El objetivo de antirracismo es el de revocar formas de
vínculo político que impiden la generalización de la democracia y por exigir
una distinción clara entre nacionalidad, relativa
a la pertenencia a una comunidad política dada, y ciudadanía, estatuto aplicable a quienes son destinarios de
derechos y obligaciones civiles y que debería beneficiar a todos los miembros de la sociedad, sin excepción. En relación a
los espacios públicos –la calle, la ley, la escuela, la sanidad, el mercado–,
sólo debe existir una identidad significativa e innegable, que todos los concurrentes
comparten: la de ciudadano. De igual modo que se entiende que en un Estado de
derecho nadie puede estar por encima
de la ley, acéptese que tampoco nadie debería ser colocado por debajo.
Qué curioso. La propuesta de modificación
de la Ley de Extranjería que presentara Iniciativa per Catalunya en el
Parlamento español –la más progresista de las planteadas hasta ahora–, reclama
que los inmigrantes vean reconocido el derecho a la residencia una vez
cumplidos seis años de estancia en nuestro país. ¡Seis años! El artículo 4 de
la constitución revolucionaria de 1793, «De la condición del ciudadano»,
otorgaba a todo extranjero adulto que hubiera residido en Francia más de un
año, no sólo todos los derechos ciudadanos, sino también la plena nacionalidad
jurídico-administrativa.
¿Qué por qué luchan hoy los
antirracistas? ¿Por un mundo nuevo y
utópico? No. Los antirracistas luchan hoy por realizar la moral que
concibieran, ya hace más de doscientos años, Kant, Voltaire o Rousseau. Ellos
son los ideólogos de la integración social en las postrimerías del siglo XX. El
objetivo no es cambiar la visión del mundo que fundó el mundo moderno, sino
exigirle que se haga de una vez carne entre nosotros. Se lucha por ver
cumplidos los principios que alumbraron hace dos siglos nuestra idea de
libertad y de justicia. Se lucha por que las naciones que se proclaman
democráticas se atrevan a serlo de veras, tal y como prometieron un día, al
nacer.
