dimecres, 22 de maig de 2013

"Estado de excepción", artículo publicado en El Periódico de Catalunya el 17/1/2001


ESTADO DE EXCEPCIÓN
Manuel Delgado 

El informe anual que SOS Racisme hizo público ayer invita a hacer un balance de la aplicación de la Ley de Extranjería ya no negativo, sino de alarma ante lo que está suponiendo un grave compromiso para la homologación de España como Estado democrático y de derecho. De entrada, no se ve que ninguno de los aspectos del llamado «problema de la inmigración» con los que presuntamente se iba a acabar haya hecho otra cosa que agudizarse. Es más, se puede intuir que la voluntad de la ley nunca fue detener el supuesto aluvión de inmigrantes ilegales, sino asegurar que los que no iban a dejar de llegar permaneciesen a merced de las inclemencias de un mercado laboral atroz. La ley 8/2000 se ha comportado finalmente como una colosal máquina legal de producir ilegales.

De entrada, el documento sobre la inmigración en Catalunya que acaba de ser aprobado por unanimidad en el Parlament es, en casi todos sus contenidos, incompatible con el trato legal que reciben los extranjeros en España. El Informe 2001 de Amnistía Internacional acaba de denunciar el aumento de casos de vejaciones, agresiones y torturas contra extranjeros en situación irregular en el país, como resultado de la acción o la pasividad de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo a los mossos d´esquadra. Para miles de nuestros vecinos España es un regimen policial en que rige el toque de queda y el estado de excepción, un país en que se puede ser detenido sin asistencia jurídica, confinado en centros de detención infames, sometido a un trato degradante y deportado sin garantías.

Y lo peor es que nuestra legislación actual y la manera como se está aplicando nos deja al margen del modelo de Europa democrática en gestación. Ya no se trata de las reiteradas acusaciones de inconstitucionalidad y de vulneración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948, cuyos artículos 2, 7 y 20 son ilegales en España. Además, la legislación española en materia de extranjería nos coloca de espaldas a los referentes que están orientando la construcción europea por lo que hace a los derechos de los residentes en los países de la Comunidad. Hace pocos días, la mayoría absoluta del Partido Popular propiciaba que el Parlamento español se negase a ratificar tres de los protocolos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma en noviembre de 1950.

España no asume aspectos de ese acuerdo internacional que han firmado países como Albania, Ucrania, Rusia o Rumania. Como el protocolo número 4, de 1963, que prohibe deportaciones masivas como las que se están produciendo ahora mismo. O el número 7, de 1984, sobre garantías de procedimiento jurídico que los inmigrantes indocumentados no disfrutan entre nosotros. Por último, no se ha suscrito el protocolo número 12, solemnemente aprobado el pasado noviembre con motivo del cincuentenario del Convenio de Roma y en que se obliga a la Administración a proteger a toda persona de la discriminación racista de que pudiera ser víctima. Todo esto sin contar con los problemas que provocará sin duda la toma en consideración del Tratado de Niza y, en concreto, de su Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, firmada por los Presidentes del Parlamento, el Consejo y la Comision europeos el pasado 7 de diciembre. Sus artículos 6, 11, 15, 19 y 21 son inasumibles para la legislación vigente en España relativa a la inmigración extracomunitaria.

En resumen. Cabe preguntarse qué hacer ante una situación sólo en parte inédita para nosotros, cual es la llegada de miles de trabajadores jóvenes atraídos por nuestra demanda de mano de obra barata desde países más pobres que el nuestro. No está claro qué es lo que habrá que hacer para que la administración de este fenómeno se lleve a cabo de manera racional y justa; en cambio, sí que está claro que la vía que se está ensayando en España provoca muchos más problemas que los que pretendía solucionar y nos hace indignos de figurar entre los países civilizados del mundo. Internamiento de personas que han cometido el «delito» de existir, colas humillantes, malos tratos policiales, miles de seres humanos condenados a la clandestinidad, explotación, mafias, decenas de cadáveres flotando en las aguas del estrecho o frente a las costas canarias... ¿Puede ser ese el balance de una ley democrática?


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